Carta Compromiso

En la Buenos Aires del siglo XXI se han producido importantes cambios en la pirámide poblacional debido al cambio en la tasa de natalidad y en la esperanza de vida cada vez más larga. Los adultos mayores de 60 años se constituyen ahora en un segmento que va del 20 a 25% del total de la población según la comuna o municipio analizado.

Las familias numerosas que constituían una herramienta tradicional de protección, que la sociedad tenía para con sus ancianos, están desapareciendo. Y dado que la seguridad social para la vejez no cubre actualmente el riesgo cada vez mayor de la dependencia que sufren nuestros mayores, resulta fundamental realizar cambios en la legislación y en la normatividad que rigen los programas de salud de los adultos mayores, así como en la operación y coordinación de instituciones públicas, privadas, lucrativas y no lucrativas que brindan algún servicio o atienden a este grupo de edad. Dirigir esfuerzos en este sentido es especialmente relevante ante el escenario actual, en el que las familias numerosas desaparecen, y el aumento de la fase “improductiva” debido a una mayor longevidad es cada vez mayor. Donde además la inseguridad creciente y recurrentes crisis económico sociales provocan un nivel de stress y frustración en la población cada vez mayor que suele desencadenar situaciones de abusos, maltratos y violencia hacia los grupos más desvalidos en este caso los ancianos. Asimismo, es importante crear nuevas formas de previsión de servicios ahora inexistentes, como servicios sociales (personales), apoyo alimentario, apoyo a familiares y cuidadores principales, servicios de transporte para aquellos con movilidad reducida y servicios para pacientes terminales, son sólo algunos ejemplos. “Necesitamos cambiar el paradigma de los adultos mayores, para no concebirlos como objetos de protección sino como sujetos de derecho, con acceso pleno a las libertades y servicios fundamentales que la mayoría de las personas dan por sentados, desarrollados en forma respetuosa y sensible a las diferencias”.

En este sentido, la integración de un sistema de atención médico-social es indispensable en una sociedad que envejece. Aumentar el número de personas con las que los adultos mayores se relacionan, disminuir los síntomas depresivos, incrementar la cantidad y calidad de sus alimentos, reducir el número de horas laborables sin menoscabo de los ingresos del hogar y elevar el ingreso de los beneficiarios como efecto de transferencias económicas, la asistencia para mejorar múltiples aspectos del trato de los ancianos en el entorno familiar, procurando fortalecer las relaciones de solidaridad y protección con las personas que más lo necesitan, son algunos objetivos que deberán incorporarse y materializarse en políticas y programas del estado. Necesitamos nuevas normas que deben procurar regular, en el ámbito de las personas mayores, la relación de nietos y abuelos, estableciendo un régimen de comunicación de los ancianos con los nietos en casos de padres o madres declarados ausentes, incapaces, que hayan sido privados de la patria potestad o que hayan fallecido. En estos casos el tribunal, a petición del fiscal o de persona con interés legítimo, debería poder regular la comunicación de los abuelos y otros parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad.

Esta nuevas normas también deben regular el cuidado temporal de los nietos por parte de los abuelos, cuando los padres cumplen en forma excepcional trabajos que los alejan de la familia. Estas normas añadidas a la legislación deberán regular el proceso de exigir alimentos de parte de ancianos que carecen de recursos económicos y no pueden obtener alimentos por su edad o incapacidad, asistidos por los fiscales a nombre de sus representados. Impulsamos los nuevos Derechos de los Adultos Mayores: A nivel de convivencia familiar, las personas de edad avanzada tienen derecho a vivir junto a su familia y es esta la que debe velar por el bienestar de los ancianos, tanto a nivel material como afectivo. En este punto el Estado deber brindar apoyo a través de sus instituciones para proporcionar a las personas la protección que requieren. Derecho a la protección social a los adultos mayores que se establece que el cuidado de los ancianos comprende en forma integral aspectos físicos, geriátricos, psicológicos, sociales y jurídicos. Se procurará además que el Estado, la familia y la sociedad establezcan medidas que garanticen el pleno desarrollo de la persona y su integración familiar, comunitaria y social. Asi como garantizar el acceso a los programas culturales, deportivos y recreativos que procuran mantener a este segmento de la población con la debida salud física, mental y emocional, y asistiéndoles también si hay necesidades básicas insatisfechas. Nuestro compromiso es lograr que las instituciones sociales, organizaciones políticas y asociaciones civiles de la comunidad, trabajen en la comunidad para lograr que los adultos mayores reciban el apoyo del Estado o de los organismos correspondientes para lograr una efectiva protección de los ancianos según indican los tratados internacionales firmados por nuestro país que hoy en día tienen rango y carácter constitucional.

Dr Daniel F. Cassola
Presidente