DERECHOS DEL ADULTO MAYOR

PRÓLOGO
En junio de 2015 la Organización de Estados Americanos (OEA), integrada
por 35 países, aprobó en Washington, Estados Unidos, la Convención
Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las
Personas Mayores. Fue la primera vez que un organismo internacional
firmó un compromiso de esta naturaleza.
Según informó oportunamente la OEA, el objetivo de la Convención es
“promover, proteger y asegurar el reconocimiento y el pleno goce del
ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos humanos y
libertades fundamentales de las personas mayores para contribuir a su
plena inclusión, integración y participación en la sociedad”.
Como es notorio, la tercera edad es un sector poblacional que se
encuentra en franca expansión. Actualmente el continente americano
cuenta con 135 millones de adultos mayores, lo que representa al 15 por
ciento del total de sus habitantes. Se proyecta que para 2030, en solo 14
años, sean 215 millones los integrantes de este segmento poblacional.
La firma del tratado es un hito en la historia de la región, pero para que se
consolide debe trasladarse del papel a la realidad. Es evidente que la
existencia de la Convención significa que millones de adultos no ven
plenamente garantizados sus derechos. Nadie impulsa el cumplimiento de
normas que ya se cumplen. Aquí hay una demanda, hay necesidades
insatisfechas.
La primera y fundamental necesidad es la del sustento diario. Al menos en
Argentina, el cobro de las jubilaciones mínimas no garantizan superar la
línea de la pobreza. A los valores actuales, el salario que perciben millones
de jubilados, conocido como “la mínima”, funciona más como una ayuda
social, un paliativo que como un sustento dador de dignidad.
El segundo punto, quizás tan importante como el primero, es la salud. En
la actualidad, el PAMI atraviesa un período encarado por una nueva
gestión que está abocada en investigar los desfalcos del pasado para
poder dar soluciones en el presente. Las buenas intenciones y las promesas están declaradas. Ahora resta implementar un modelo de atención que garantice una atención sanitaria de calidad para los adultos
mayores.
Además de las cuestiones estructurales y macro que exponemos, es
necesario llevar adelante propuestas concretas para mejorar la realidad de
los adultos mayores. Desde FEIS proponemos la creación de un Hospital
Gerontológico Central de Alta Complejidad en la Ciudad de Buenos Aires.
Una institución de estas características es necesaria tanto para la atención
de los adultos mayores como para la formación y especialización de los
profesionales.
Se trata de una acción concreta que provocaría el mejor cumplimiento de
los derechos humanos de los adultos mayores. En definitiva, su concreción
ayudaría a que lo que la Convención propone pase del papel a la realidad.
Dr. Daniel Cassola.Presidente Fundación FEIS

CAPÍTULO I
OBJETO, ÁMBITO DE APLICACIÓN Y DEFINICIONES

Artículo 1. Ámbito de aplicación y objeto
El objeto de la Convención es promover, proteger y asegurar el
reconocimiento y el pleno goce y ejercicio, en condiciones de igualdad, de
todos los derechos humanos y libertades fundamentales de la persona
mayor, a fin de contribuir a su plena inclusión, integración y participación
en la sociedad.
Lo dispuesto en la presente Convención no se interpretará como una
limitación a derechos o beneficios más amplios o adicionales que
reconozcan el derecho internacional o las legislaciones internas de los
Estados Parte, a favor de la persona mayor
Si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en esta
Convención no estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o de
otro carácter, los Estados Parte se comprometen a adoptar, con arreglo a
sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta
Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren
necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades.
Los Estados Parte solo podrán establecer restricciones y limitaciones al
goce y ejercicio de los derechos establecidos en la presente Convención
mediante leyes promulgadas con el objeto de preservar el bienestar
general dentro de una sociedad democrática, en la medida en que no
contradigan el propósito y razón de los mismos.
Las disposiciones de la presente Convención se aplicarán a todas las partes
de los Estados federales sin limitaciones ni excepciones.
Artículo 2. Definiciones
A los efectos de la presente Convención se entiende por:“Abandono”:
La falta de acción deliberada o no para atender de manera
integral las necesidades de una persona mayor que ponga en peligro su
vida o su integridad física, psíquica o moral.
“Cuidados paliativos”: La atención y cuidado activo, integral e
interdisciplinario de pacientes cuya enfermedad no responde a un
tratamiento curativo o sufren dolores evitables, a fin de mejorar su calidad
de vida hasta el fin de sus días. Implica una atención primordial al control
del dolor, de otros síntomas y de los problemas sociales, psicológicos y
espirituales de la persona mayor. Abarcan al paciente, su entorno y su
familia. Afirman la vida y consideran la muerte como un proceso normal;
no la aceleran ni retrasan.
“Discriminación”: Cualquier distinción, exclusión, restricción que tenga
como objetivo o efecto anular o restringir el reconocimiento, goce o
ejercicio en igualdad de condiciones de los derechos humanos y las
libertades fundamentales en la esfera política, económica, social, cultural
o en cualquier otra esfera de la vida pública y privada.
“Discriminación múltiple”: Cualquier distinción, exclusión o restricción
hacia la persona mayor fundada en dos o más factores de discriminación.
“Discriminación por edad en la vejez”: Cualquier distinción, exclusión o
restricción basada en la edad que tenga como objetivo o efecto anular o
restringir el reconocimiento, goce o ejercicio en igualdad de condiciones
de los derechos humanos y libertades fundamentales en la esfera política,
económica, social, cultural o en cualquier otra esfera de la vida pública y
privada.
“Envejecimiento”: Proceso gradual que se desarrolla durante el curso de
vida y que conlleva cambios biológicos, fisiológicos, psico-sociales y
funcionales de variadas consecuencias, las cuales se asocian con
interacciones dinámicas y permanentes entre el sujeto y su medio.
“Envejecimiento activo y saludable”: Proceso por el cual se optimizan las
oportunidades de bienestar físico, mental y social, de participar en
actividades sociales, económicas, culturales, espirituales y cívicas, y de contar
con protección, seguridad y atención, con el objetivo de ampliar la
esperanza de vida saludable y la calidad de vida de todos los individuos en
la vejez, y permitirles así seguir contribuyendo activamente a sus familias,
amigos, comunidades y naciones. El concepto de envejecimiento activo y
saludable se aplica tanto a individuos como a grupos de población.
“Maltrato”: Acción u omisión, única o repetida, contra una persona mayor
que produce daño a su integridad física, psíquica y moral y que vulnera el
goce o ejercicio de sus derechos humanos y libertades fundamentales,
independientemente de que ocurra en una relación de confianza.
“Negligencia”: Error involuntario o falta no deliberada, incluido entre
otros, el descuido, omisión, desamparo e indefensión que le causa un
daño o sufrimiento a una persona mayor, tanto en el ámbito público como
privado, cuando no se hayan tomado las precauciones normales
necesarias de conformidad con las circunstancias.
“Persona mayor”: Aquella de 60 años o más, salvo que la ley interna
determine una edad base menor o mayor, siempre que esta no sea
superior a los 65 años. Este concepto incluye, entre otros, el de persona
adulta mayor.
“Persona mayor que recibe servicios de cuidado a largo plazo”: Aquella
que reside temporal o permanentemente en un establecimiento regulado
sea público, privado o mixto, en el que recibe servicios socio-sanitarios
integrales de calidad, incluidas las residencias de larga estadía, que
brindan estos servicios de atención por tiempo prolongado a la persona
mayor, con dependencia moderada o severa que no pueda recibir
cuidados en su domicilio.
“Servicios socio-sanitarios integrados”: Beneficios y prestaciones
institucionales para responder a las necesidades de tipo sanitario y social
de la persona mayor, con el objetivo de garantizar su dignidad y bienestar
y promover su independencia y autonomía.
“Unidad doméstica u hogar”: El grupo de personas que viven en una
misma vivienda, comparten las comidas principales y atienden en común
las necesidades básicas, sin que sea necesario que existan lazos de
parentesco entre ellos.
“Vejez”: Construcción social de la última etapa del curso de vida.

CAPÍTULO II
PRINCIPIOS GENERALES
Artículo 3

Son principios generales aplicables a la Convención:
a) La promoción y defensa de los derechos humanos y libertades
fundamentales de la persona mayor.
b) La valorización de la persona mayor, su papel en la sociedad y
contribución al desarrollo.
c) La dignidad, independencia, protagonismo y autonomía de la persona
mayor.
d) La igualdad y no discriminación.
e) La participación, integración e inclusión plena y efectiva en la sociedad.
f) El bienestar y cuidado.
g) La seguridad física, económica y social.
h) La auto realización.
i) La equidad e igualdad de género y enfoque de curso de vida.
j) La solidaridad y fortalecimiento de la protección familiar y comunitaria.
k) El buen trato y la atención preferencial.l) El enfoque diferencial para el goce efectivo de los derechos de la
persona mayor.
m) El respeto y valorización de la diversidad cultural.
n) La protección judicial efectiva.
o) La responsabilidad del Estado y participación de la familia y de la
comunidad en la integración activa, plena y productiva de la persona
mayor dentro de la sociedad, así como en su cuidado y atención, de
acuerdo con su legislación interna.

CAPÍTULO III
DEBERES GENERALES DE LOS ESTADOS PARTE
Artículo 4

cuadernillo

Los Estados Parte se comprometen a salvaguardar los derechos humanos y
libertades fundamentales de la persona mayor enunciados en la presente
Convención, sin discriminación de ningún tipo, y a tal fin:
a) Adoptarán medidas para prevenir, sancionar y erradicar aquellas
prácticas contrarias a la presente Convención, tales como aislamiento,
abandono, sujeciones físicas prolongadas, hacinamiento, expulsiones de la
comunidad, la negación de nutrición, infantilización, tratamientos médicos
inadecuados o desproporcionados, entre otras, y todas aquellas que
constituyan malos tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes que
atenten contra la seguridad e integridad de la persona mayor.
b) Adoptarán las medidas afirmativas y realizarán los ajustes razonables
que sean necesarios para el ejercicio de los derechos establecidos en la
presente Convención y se abstendrán de adoptar cualquier medida
legislativa que sea incompatible con la misma. No se considerarán
discriminatorias, en virtud de la presente Convención, las medidas
afirmativas y ajustes razonables que sean necesarios para acelerar o
lograrla igualdad de hecho de la persona mayor, así como para asegurar su
plena integración social, económica, educacional, política y cultural. Tales
medidas afirmativas no deberán conducir al mantenimiento de derechos
separados para grupos distintos y no deberán perpetuarse más allá de un
período razonable o después de alcanzado dicho objetivo.
c) Adoptarán y fortalecerán todas las medidas legislativas, administrativas,
judiciales, presupuestarias y de cualquier otra índole, incluido un
adecuado acceso a la justicia a fin garantizar a la persona mayor un trato
diferenciado y preferencial en todos los ámbitos.
d) Adoptarán las medidas necesarias y cuando lo consideren en el marco
de la cooperación internacional, hasta el máximo de los recursos
disponibles y tomando en cuenta su grado de desarrollo, a fin de lograr
progresivamente, y de conformidad con la legislación interna, la plena
efectividad de los derechos económicos, sociales y culturales; sin perjuicio
de las obligaciones que sean aplicables de inmediato en virtud del derecho
internacional.
e) Promoverán instituciones públicas especializadas en la protección y
promoción de los derechos de la persona mayor y su desarrollo integral.
f) Promoverán la más amplia participación de la sociedad civil y de otros
actores sociales, en particular de la persona mayor, en la elaboración,
aplicación y control de políticas públicas y legislación dirigida a la
implementación de la presente Convención.
g) Promoverán la recopilación de información adecuada, incluidos datos
estadísticos y de investigación, que le permitan formular y aplicar
políticas, a fin de dar efecto a la presente Convención.

CAPÍTULO IV
DERECHOS PROTEGIDOS
Artículo 5. Igualdad y no discriminación por razones de edad
Queda prohibida por la presente Convención la discriminación por edad en la vejez.
Los Estados Parte desarrollarán enfoques específicos en sus políticas,
planes y legislaciones sobre envejecimiento y vejez, en relación con la
persona mayor en condición de vulnerabilidad y aquellas que son víctimas
de discriminación múltiple, incluidas las mujeres, las personas con
discapacidad, las personas de diversas orientaciones sexuales e
identidades de género, las personas migrantes, las personas en situación
de pobreza o marginación social, los afrodescendientes y las personas
pertenecientes a pueblos indígenas, las personas sin hogar, las personas
privadas de libertad, las personas pertenecientes a pueblos tradicionales,
las personas pertenecientes a grupos étnicos, raciales, nacionales,
lingüísticos, religiosos y rurales, entre otros.
Artículo 6. Derecho a la vida y a la dignidad en la vejez
Los Estados Parte adoptarán todas las medidas necesarias para garantizar
a la persona mayor el goce efectivo del derecho a la vida y el derecho a
vivir con dignidad en la vejez hasta el fin de sus días, en igualdad de
condiciones con otros sectores de la población.
Los Estados Parte tomarán medidas para que las instituciones públicas y
privadas ofrezcan a la persona mayor un acceso no discriminatorio a
cuidados integrales, incluidos los cuidados paliativos, eviten el aislamiento
y manejen apropiadamente los problemas relacionados con el miedo a la
muerte de los enfermos terminales, el dolor, y eviten el sufrimiento
innecesario y las intervenciones fútiles e inútiles, de conformidad con el
derecho de la persona mayor a expresar el consentimiento informado.
Artículo 7. Derecho a la independencia y a la autonomía
Los Estados Parte en la presente Convención reconocen el derecho de la
persona mayor a tomar decisiones, a la definición de su plan de vida, a
desarrollar una vida autónoma e independiente, conforme a sustradiciones y creencias, en igualdad de condiciones y a disponer de
mecanismos para poder ejercer sus derechos.
Los Estados Parte adoptarán programas, políticas o acciones para facilitar
y promover el pleno goce de estos derechos por la persona mayor,
propiciando su autorealización, el fortalecimiento de todas las familias, de
sus lazos familiares y sociales, y de sus relaciones afectivas. En especial,
asegurarán:
a) El respeto a la autonomía de la persona mayor en la toma de sus
decisiones, así como a su independencia en la realización de sus actos.
b) Que la persona mayor tenga la oportunidad de elegir su lugar de
residencia y dónde y con quién vivir, en igualdad de condiciones con las
demás, y no se vea obligada a vivir con arreglo a un sistema de vida
específico.
c) Que la persona mayor tenga acceso progresivamente a una variedad de
servicios de asistencia domiciliaria, residencial y otros servicios de apoyo
de la comunidad, incluida la asistencia personal que sea necesaria para
facilitar su existencia y su inclusión en la comunidad, y para evitar su
aislamiento o separación de ésta.
Artículo 8. Derecho a la participación e integración comunitaria
La persona mayor tiene derecho a la participación activa, productiva,
plena y efectiva dentro de la familia, la comunidad y la sociedad para su
integración en todas ellas.
Los Estados Parte adoptarán medidas para que la persona mayor tenga la
oportunidad de participar activa y productivamente en la comunidad, y
pueda desarrollar sus capacidades y potencialidades. A tal fin:
a) Crearán y fortalecerán mecanismos de participación e inclusión social
de la persona mayor en un ambiente de igualdad que permita erradicar los
prejuicios y estereotipos que obstaculicen el pleno disfrute de estos
derechos.
b) Promoverán la participación de la persona mayor en actividades
intergeneracionales para fortalecer la solidaridad y el apoyo mutuo como
elementos claves del desarrollo social.
c) Asegurarán que las instalaciones y los servicios comunitarios para la
población en general estén a disposición, en igualdad de condiciones, de la
persona mayor y tengan en cuenta sus necesidades.
Artículo 9. Derecho a la seguridad y a una vida sin ningún tipo de violencia
La persona mayor tiene derecho a la seguridad y a una vida sin ningún tipo
de violencia, a recibir un trato digno y a ser respetada y valorada,
independientemente de la raza, el color, el sexo, el idioma, la cultura, la
religión, la opinión política o de otra índole, el origen social, nacional,
étnico, indígena e identidad cultural, la posición socio-económica,
discapacidad, la orientación sexual, el género, la identidad de género, su
contribución económica o cualquier otra condición.
La persona mayor tiene derecho a vivir una vida sin ningún tipo de
violencia y maltrato. Para los efectos de esta Convención, se entenderá
por violencia contra la persona mayor cualquier acción o conducta que
cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la persona
mayor, tanto en el ámbito público como en el privado.
Se entenderá que la definición de violencia contra la persona mayor
comprende, entre otros, distintos tipos de abuso, incluso el financiero y
patrimonial, y maltrato físico, sexual, psicológico, explotación laboral, la
expulsión de su comunidad y toda forma de abandono o negligencia que
tenga lugar dentro o fuera del ámbito familiar o unidad doméstica o que
sea perpetrado o tolerado por el Estado o sus agentes dondequiera que
ocurra.Los Estados Parte se comprometen a:
a) Adoptar medidas legislativas, administrativas y de otra índole para
prevenir, investigar, sancionar y erradicar los actos de violencia contra la
persona mayor, así como aquellas que propicien la reparación de los
daños ocasionados por estos actos.
b) Producir y divulgar información con el objetivo de generar diagnósticos
de riesgo de posibles situaciones de violencia a fin de desarrollar políticas
de prevención.
c) Promover la creación y el fortalecimiento de servicios de apoyo para
atender los casos de violencia, maltrato, abusos, explotación y abandono
de la persona mayor. Fomentar el acceso de la persona mayor a dichos
servicios y a la información sobre los mismos.
d) Establecer o fortalecer mecanismos de prevención de la violencia, en
cualquiera de sus manifestaciones, dentro de la familia, unidad doméstica,
lugares donde recibe servicios de cuidado a largo plazo y en la sociedad
para la efectiva protección de los derechos de la persona mayor.
e) Informar y sensibilizar a la sociedad en su conjunto sobre las diversas
formas de violencia contra la persona mayor y la manera de identificarlas
y prevenirlas.
f) Capacitar y sensibilizar a funcionarios públicos, a los encargados de los
servicios sociales y de salud, al personal encargado de la atención y el
cuidado de la persona mayor en los servicios de cuidado a largo plazo o
servicios domiciliarios sobre las diversas formas de violencia, a fin de
brindarles un trato digno y prevenir negligencia y acciones o prácticas de
violencia y maltrato.
g) Desarrollar programas de capacitación dirigidos a los familiares y
personas que ejerzan tareas de cuidado domiciliario a fin de prevenir
escenarios de violencia en el hogar o unidad doméstica.
h) Promover mecanismos adecuados y eficaces de denuncia en casos de
violencia contra la persona mayor, así como reforzar los mecanismos
judiciales y administrativos para la atención de esos casos.
i) Promover activamente la eliminación de todas las prácticas que generan
violencia y que afectan la dignidad e integridad de la mujer mayor.
Artículo 10. Derecho a no ser sometido a tortura ni a penas o tratos
crueles, inhumanos o degradantes
La persona mayor tiene derecho a no ser sometida a tortura y otros tratos
o penas crueles, inhumanos o degradantes.
Los Estados Parte tomarán todas las medidas de carácter legislativo,
administrativo o de otra índole para prevenir, investigar, sancionar y
erradicar todo tipo de tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o
degradantes hacia la persona mayor.
Artículo 11. Derecho a brindar consentimiento libre e informado en el
ámbito de la salud
La persona mayor tiene el derecho irrenunciable a manifestar su
consentimiento libre e informado en el ámbito de la salud. La negación de
este derecho constituye una forma de vulneración de los derechos
humanos de la persona mayor.
Con la finalidad de garantizar el derecho de la persona mayor a manifestar
su consentimiento informado de manera previa, voluntaria, libre y
expresa, así como a ejercer su derecho de modificarlo o revocarlo, en
relación con cualquier decisión, tratamiento, intervención o investigación,
en el ámbito de la salud, los Estados Parte se comprometen a elaborar y
aplicar mecanismos adecuados y eficaces para impedir abusos y fortalecer
la capacidad de la persona mayor de comprender plenamente las opciones
de tratamiento existentes, sus riesgos y beneficios.
Dichos mecanismos deberán asegurar que la información que se brinde
sea adecuada, clara y oportuna, disponible sobre bases no
discriminatorias, de forma accesible y presentada de manera
comprensible de acuerdo con la identidad cultural, nivel educativo y
necesidades de comunicación de la persona mayor.
Las instituciones públicas o privadas y los profesionales de la salud no
podrán administrar ningún tratamiento, intervención o investigación de
carácter médico o quirúrgico sin el consentimiento informado de la
persona mayor.
En los casos de emergencia médica que pongan en riesgo la vida y cuando
no resulte posible obtener el consentimiento informado, se podrán aplicar
las excepciones establecidas de conformidad con la legislación nacional.
La persona mayor tiene derecho a aceptar, negarse a recibir o interrumpir
voluntariamente tratamientos médicos o quirúrgicos, incluidos los de la
medicina tradicional, alternativa y complementaria, investigación,
experimentos médicos o científicos, ya sean de carácter físico o psíquico, y
a recibir información clara y oportuna sobre las posibles consecuencias y
los riesgos de dicha decisión.
Los Estados Parte establecerán también un proceso a través del cual la
persona mayor pueda manifestar de manera expresa su voluntad
anticipada e instrucciones respecto de las intervenciones en materia de
atención de la salud, incluidos los cuidados paliativos. En estos casos, esta
voluntad anticipada podrá ser expresada, modificada o ampliada en
cualquier momento solo por la persona mayor, a través de instrumentos
jurídicamente vinculantes, de conformidad con la legislación nacional.
Artículo 12. Derechos de la persona mayor que recibe servicios de cuidado
a largo plazo
La persona mayor tiene derecho a un sistema integral de cuidados que
provea la protección y promoción de la salud, cobertura de servicios sociales,
seguridad alimentaria y nutricional, agua, vestuario y vivienda;
promoviendo que la persona mayor pueda decidir permanecer en su
hogar y mantener su independencia y autonomía.
Los Estados Parte deberán diseñar medidas de apoyo a las familias y
cuidadores mediante la introducción de servicios para quienes realizan la
actividad de cuidado de la persona mayor, teniendo en cuenta las
necesidades de todas las familias y otras formas de cuidados, así como la
plena participación de la persona mayor, respetándose su opinión.
Los Estados Parte deberán adoptar medidas tendientes a desarrollar un
sistema integral de cuidados que tenga especialmente en cuenta la
perspectiva de género y el respeto a la dignidad e integridad física y
mental de la persona mayor.
Para garantizar a la persona mayor el goce efectivo de sus derechos
humanos en los servicios de cuidado a largo plazo, los Estados Parte se
comprometen a:
a) Establecer mecanismos para asegurar que el inicio y término de
servicios de cuidado de largo plazo estén sujetos a la manifestación de la
voluntad libre y expresa de la persona mayor.
b) Promover que dichos servicios cuenten con personal especializado que
pueda ofrecer una atención adecuada e integral y prevenir acciones o
prácticas que puedan producir daño o agravar la condición existente.
c) Establecer un marco regulatorio adecuado para el funcionamiento de
los servicios de cuidado a largo plazo que permita evaluar y supervisar la
situación de la persona mayor, incluyendo la adopción de medidas para:
i. Garantizar el acceso de la persona mayor a la información, en particular
a sus expedientes personales, ya sean físicos o digitales, y promover el
acceso a los distintos medios de comunicación e información, incluidas las
redes sociales, así como informar a la persona mayor sobre sus derechos y
sobre el marco jurídico y protocolos que rigen los servicios de cuidado a
largo plazo.ii. Prevenir injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, familia,
hogar o unidad doméstica, o cualquier otro ámbito en el que se
desenvuelvan, así como en su correspondencia o cualquier otro tipo de
comunicación.
iii. Promover la interacción familiar y social de la persona mayor, teniendo
en cuenta a todas las familias y sus relaciones afectivas.
iv. Proteger la seguridad personal y el ejercicio de la libertad y movilidad
de la persona mayor.
v. Proteger la integridad de la persona mayor y su privacidad e intimidad
en las actividades que desarrolle, particularmente en los actos de higiene
personal.
d) Establecer la legislación necesaria, conforme a los mecanismos
nacionales, para que los responsables y el personal de servicios de cuidado
a largo plazo respondan administrativa, civil y/o penalmente por los actos
que practiquen en detrimento de la persona mayor, según corresponda.
e) Adoptar medidas adecuadas, cuando corresponda, para que la persona
mayor que se encuentre recibiendo servicios de cuidado a largo plazo
cuente con servicios de cuidados paliativos que abarquen al paciente, su
entorno y su familia.
Artículo 13. Derecho a la libertad personal
La persona mayor tiene derecho a la libertad y seguridad personal,
independientemente del ámbito en el que se desenvuelva.
Los Estados Parte asegurarán que la persona mayor disfrute del derecho a
la libertad y seguridad personal y que la edad en ningún caso justifique la
privación o restricción arbitrarias de su libertad.
Los Estados Parte garantizarán que cualquier medida de privación o
restricción de libertad será de conformidad con la ley y asegurarán que
la persona mayor que se vea privada de su libertad en razón de un proceso
tenga, en igualdad de condiciones con otros sectores de la población,
derecho a garantías de conformidad con el derecho internacional de los
derechos humanos y a ser tratada de conformidad con los objetivos y
principios de la presente Convención.
Los Estados Parte garantizarán el acceso de la persona mayor privada de
libertad a programas especiales y atención integral, incluidos los
mecanismos de rehabilitación para su reinserción en la sociedad y, según
corresponda, promoverán medidas alternativas respecto a la privación de
libertad, de acuerdo con sus ordenamientos jurídicos internos.
Artículo 14. Derecho a la libertad de expresión y de opinión y al acceso a la
información
La persona mayor tiene derecho a la libertad de expresión y opinión y al
acceso a la información, en igualdad de condiciones con otros sectores de
la población y por los medios de su elección.
Los Estados Parte adoptarán medidas destinadas a garantizar a la persona
mayor el ejercicio efectivo de dichos derechos.
Artículo 15. Derecho a la nacionalidad y a la libertad de circulación
La persona mayor tiene derecho a la libertad de circulación, a la libertad
para elegir su residencia y a poseer una nacionalidad en igualdad de
condiciones con los demás sectores de la población, sin discriminación por
razones de edad.
Los Estados Parte adoptarán medidas destinadas a garantizar a la persona
mayor el ejercicio efectivo de dichos derechos.
Artículo 16. Derecho a la privacidad y a la intimidad
La persona mayor tiene derecho a la privacidad y a la intimidad y a no ser
objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, familia,
hogar o unidad doméstica, o cualquier ámbito en el que se desenvuelvan,
así como en su correspondencia o cualquier otro tipo de comunicación.
La persona mayor tiene derecho a no ser objeto de agresiones contra su
dignidad, honor y reputación, y a la privacidad en los actos de higiene o en
las actividades que desarrolle, independientemente del ámbito en el que
se desenvuelva.
Los Estados Parte adoptarán las medidas necesarias para garantizar estos
derechos, particularmente a la persona mayor que recibe servicios de
cuidado a largo plazo.
Artículo 17. Derecho a la seguridad social
Toda persona mayor tiene derecho a la seguridad social que la proteja
para llevar una vida digna.
Los Estados Parte promoverán progresivamente, dentro de los recursos
disponibles, que la persona mayor reciba un ingreso para una vida digna a
través de los sistemas de seguridad social y otros mecanismos flexibles de
protección social.
Los Estados Parte buscarán facilitar, mediante convenios institucionales,
acuerdos bilaterales u otros mecanismos hemisféricos, el reconocimiento
de prestaciones, aportes realizados a la seguridad social o derechos de
pensión de la persona mayor migrante.
Todo lo dispuesto en este artículo será de conformidad con la legislación
nacional.
Artículo 18. Derecho al trabajo
La persona mayor tiene derecho al trabajo digno y decente y a la igualdad
de oportunidades y de trato respecto de los otros trabajadores, sea cual
fuere su edad.
Los Estados Parte adoptarán medidas para impedir la discriminación
laboral de la persona mayor. Queda prohibida cualquier distinción que no
se base en las exigencias propias de la naturaleza del cargo, de
conformidad con la legislación nacional y en forma apropiada a las
condiciones locales.
El empleo o la ocupación debe contar con las mismas garantías,
beneficios, derechos laborales y sindicales, y ser remunerado por el mismo
salario aplicable a todos los trabajadores frente a iguales tareas y
responsabilidades.
Los Estados Parte adoptarán las medidas legislativas, administrativas o de
otra índole para promover el empleo formal de la persona mayor y regular
las distintas formas de autoempleo y el empleo doméstico, con miras a
prevenir abusos y garantizar una adecuada cobertura social y el
reconocimiento del trabajo no remunerado.
Los Estados Parte promoverán programas y medidas que faciliten una
transición gradual a la jubilación, para lo cual podrán contar con la
participación de las organizaciones representativas de empleadores y
trabajadores y de otros organismos interesados.
Los Estados Parte promoverán políticas laborales dirigidas a propiciar que
las condiciones, el ambiente de trabajo, horarios y la organización de las
tareas sean adecuadas a las necesidades y características de la persona
mayor.
Los Estados Parte alentarán el diseño de programas para la capacitación y
certificación de conocimiento y saberes para promover el acceso de la
persona mayor a mercados laborales más inclusivos.
Artículo 19. Derecho a la salud
La persona mayor tiene derecho a su salud física y mental, sin ningún tipo
de discriminación.
Los Estados Parte deberán diseñar e implementar políticas públicas
intersectoriales de salud orientadas a una atención integral que incluya la
promoción de la salud, la prevención y la atención de la enfermedad en
todas las etapas, y la rehabilitación y los cuidados paliativos de la persona
mayor a fin de propiciar el disfrute del más alto nivel de bienestar, físico,
mental y social. Para hacer efectivo este derecho, los Estados Parte se
comprometen a tomar las siguientes medidas:
a) Asegurar la atención preferencial y el acceso universal, equitativo y
oportuno en los servicios integrales de salud de calidad basados en la
atención primaria, y aprovechar la medicina tradicional, alternativa y
complementaria, de conformidad con la legislación nacional y con los usos
y costumbres.
b) Formular, implementar, fortalecer y evaluar políticas públicas, planes y
estrategias para fomentar un envejecimiento activo y saludable.
c) Fomentar políticas públicas sobre salud sexual y reproductiva de la
persona mayor.
d) Fomentar, cuando corresponda, la cooperación internacional en cuanto
al diseño de políticas públicas, planes, estrategias y legislación, y el
intercambio de capacidades y recursos para ejecutar planes de salud para
la persona mayor y su proceso de envejecimiento.
e) Fortalecer las acciones de prevención a través de las autoridades de
salud y la prevención de enfermedades, incluyendo la realización de
cursos de educación, el conocimiento de las patologías y opinión
informada de la persona mayor en el tratamiento de enfermedades
crónicas y otros problemas de salud.
f) Garantizar el acceso a beneficios y servicios de salud asequibles y de
calidad para la persona mayor con enfermedades no transmisibles y
transmisibles, incluidas aquellas por transmisión sexual.
g) Fortalecer la implementación de políticas públicas orientadas a mejorar
el estado nutricional de la persona mayor.
h) Promover el desarrollo de servicios socio-sanitarios integrados
especializados para atender a la persona mayor con enfermedades que
generan dependencia, incluidas las crónico-degenerativas, las demencias y
la enfermedad de Alzheimer.
i) Fortalecer las capacidades de los trabajadores de los servicios de salud,
sociales y socio-sanitarios integrados y de otros actores, en relación con la
atención de la persona mayor, teniendo en consideración los principios
contenidos en la presente Convención.
j) Promover y fortalecer la investigación y la formación académica
profesional y técnica especializada en geriatría, gerontología y cuidados
paliativos.
k) Formular, adecuar e implementar, según la legislación vigente en cada
país, políticas referidas a la capacitación y aplicación de la medicina
tradicional, alternativa y complementaria, en relación con la atención
integral de la persona mayor.
l) Promover las medidas necesarias para que los servicios de cuidados
paliativos estén disponibles y accesibles para la persona mayor, así como
para apoyar a sus familias.
m) Garantizar a la persona mayor la disponibilidad y el acceso a los
medicamentos reconocidos como esenciales por la Organización Mundial
de la Salud, incluyendo los fiscalizados necesarios para los cuidados
paliativos.
n) Garantizar a la persona mayor el acceso a la información contenida en
sus expedientes personales, sean físicos o digitales.o)
Promover y garantizar progresivamente, y de acuerdo con sus
capacidades, el acompañamiento y la capacitación a personas que ejerzan
tareas de cuidado de la persona mayor, incluyendo familiares, con el fin de
procurar su salud y bienestar.
Artículo 20. Derecho a la educación
La persona mayor tiene derecho a la educación en igualdad de condiciones
con otros sectores de la población y sin discriminación, en las modalidades
definidas por cada uno de los Estados Parte, y a participar en los
programas educativos existentes en todos los niveles, y a compartir sus
conocimientos y experiencias con todas las generaciones.
Los Estados Parte garantizarán el ejercicio efectivo del derecho a la
educación de la persona mayor y se comprometen a:
a) Facilitar a la persona mayor el acceso a programas educativos y de
formación adecuados que permitan el acceso, entre otros, a los distintos
niveles del ciclo educativo, a programas de alfabetización y
postalfabetización, formación técnica y profesional, y a la educación
permanente continua, en especial a los grupos en situación de
vulnerabilidad.
b) Promover el desarrollo de programas, materiales y formatos educativos
adecuados y accesibles para la persona mayor que atiendan sus
necesidades, preferencias, aptitudes, motivaciones e identidad cultural.
c) Adoptar las medidas necesarias para reducir y, progresivamente,
eliminar las barreras y las dificultades de acceso a los bienes y servicios
educativos en el medio rural.
d) Promover la educación y formación de la persona mayor en el uso de
las nuevas tecnologías de la información y comunicación (TIC) para
minimizar la brecha digital, generacional y geográfica e incrementar la
integración social y comunitaria.
e) Diseñar e implementar políticas activas para erradicar el analfabetismo
de la persona mayor y, en especial, de las mujeres y grupos en situación
de vulnerabilidad.
f) Fomentar y facilitar la participación activa de la persona mayor en
actividades educativas, tanto formales como no formales.
Artículo 21. Derecho a la cultura
La persona mayor tiene derecho a su identidad cultural, a participar en la
vida cultural y artística de la comunidad, al disfrute de los beneficios del
progreso científico y tecnológico y de otros producto de la diversidad
cultural, así como a compartir sus conocimientos y experiencias con otras
generaciones, en cualquiera de los contextos en los que se desarrolle.
Los Estados Parte reconocerán, garantizarán y protegerán el derecho a la
propiedad intelectual de la persona mayor, en condiciones de igualdad
con los demás sectores de la población y de acuerdo con la legislación
interna y los instrumentos internacionales adoptados en este ámbito.
Los Estados Parte promoverán las medidas necesarias para asegurar el
acceso preferencial de la persona mayor a los bienes y servicios culturales,
en formatos y condiciones asequibles.
Los Estados Parte fomentarán programas culturales para que la persona
mayor pueda desarrollar y utilizar su potencial creativo, artístico e
intelectual, para su beneficio y para el enriquecimiento de la sociedad
como agente transmisor de valores, conocimientos y cultura.
Los Estados Parte impulsarán la participación de las organizaciones de
personas mayores en la planificación, realización y divulgación de
proyectos educativos y culturales.
Los Estados Parte incentivarán, mediante acciones de reconocimiento y
estímulo, los aportes de la persona mayor a las diferentes expresiones
artísticas y culturales.
Artículo 22. Derecho a la recreación, al esparcimiento y al deporte
La persona mayor tiene derecho a la recreación, la actividad física, el
esparcimiento y el deporte.
Los Estados Parte promoverán el desarrollo de servicios y programas de
recreación, incluido el turismo, así como actividades de esparcimiento y
deportivas que tengan en cuenta los intereses y las necesidades de la
persona mayor, en particular de aquella que recibe servicios de cuidado a
largo plazo, con el objeto de mejorar su salud y calidad de vida en todas
sus dimensiones y promover su autorrealización, independencia,
autonomía e inclusión en la comunidad.
La persona mayor podrá participar en el establecimiento, gestión y
evaluación de dichos servicios, programas o actividades.
Artículo 23. Derecho a la propiedad
Toda persona mayor tiene derecho al uso y goce de sus bienes y a no ser
privada de estos por motivos de edad. La ley puede subordinar tal uso y
goce al interés social.
Ninguna persona mayor puede ser privada de sus bienes, excepto
mediante el pago de indemnización justa, por razones de utilidad pública o
de interés social y en los casos y según las formas establecidas por la ley.
Los Estados Parte adoptarán todas las medidas necesarias para
garantizarle a la persona mayor el ejercicio del derecho a la propiedad,
incluida la libre disposición de sus bienes, y para prevenir el abuso y la
enajenación ilegal de su propiedad.
Los Estados Parte se comprometen a adoptar medidas para eliminar toda
práctica administrativa o financiera que discrimine a la persona mayor,
principalmente a las mujeres mayores y a los grupos en situación de
vulnerabilidad respecto del ejercicio de su derecho a la propiedad.
Artículo 24. Derecho a la vivienda
La persona mayor tiene derecho a una vivienda digna y adecuada, y a vivir
en entornos seguros, saludables, accesibles y adaptables a sus
preferencias y necesidades.
Los Estados Parte deberán adoptar las medidas pertinentes para
promover el pleno goce de este derecho y facilitar que la persona mayor
tenga acceso a servicios socio-sanitarios integrados y servicios de cuidados
domiciliarios que le permitan residir en su propio domicilio conforme a su
voluntad.
Los Estados Parte deberán garantizar el derecho de la persona mayor a
una vivienda digna y adecuada y adoptarán políticas de promoción del
derecho a la vivienda y el acceso a la tierra reconociendo las necesidades
de la persona mayor y la prioridad en la asignación a aquella que se
encuentre en situación de vulnerabilidad. Asimismo, los Estados Parte
fomentarán progresivamente el acceso al crédito de vivienda u otras
formas de financiamiento sin discriminación, promoviendo, entre otros, la
colaboración con el sector privado, la sociedad civil y otros actores
sociales. Las políticas deberán tener especialmente en cuenta:
a) La necesidad de construir o adaptar progresivamente soluciones
habitacionales con el fin de que estas sean arquitectónicamente
adecuadas y accesibles a los adultos mayores con discapacidad y con
impedimentos relacionados con su movilidad.
b) Las necesidades específicas de la persona mayor, particularmente
aquellas que viven solas, a través de subsidios para el alquiler, apoyo a las
renovaciones de la vivienda y otras medidas pertinentes, según la
capacidad de los Estados Parte.
Los Estados Parte promoverán el establecimiento de procedimientos
expeditos de reclamación y justicia en caso de desalojos de personas
mayores y adoptarán las medidas necesarias para protegerlas contra los
desalojos forzosos ilegales.
Los Estados Parte deberán promover programas para la prevención de
accidentes en el entorno y el hogar de la persona mayor.
Artículo 25. Derecho a un medio ambiente sano
La persona mayor tiene derecho a vivir en un medio ambiente sano y a
contar con servicios públicos básicos, a tal fin los Estados Parte adoptarán
las medidas pertinentes para salvaguardar y promover el ejercicio de este
derecho, entre ellas:
a) Fomentar el desarrollo pleno de la persona mayor en armonía con la
naturaleza.
b) Garantizar el acceso de la persona mayor en condiciones de igualdad a
servicios públicos básicos de agua potable y saneamiento, entre otros.
Artículo 26. Derecho a la accesibilidad y a la movilidad personal
La persona mayor tiene derecho a la accesibilidad al entorno físico, social,
económico y cultural, y a su movilidad personal.
A fin de garantizar la accesibilidad y la movilidad personal de la persona
mayor para que pueda vivir en forma independiente y participar
plenamente en todos los aspectos de la vida, los Estados Parte adoptarán
de manera progresiva medidas pertinentes para asegurar el acceso de la
persona mayor, en igualdad de condiciones con las demás, al entorno
físico, el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los
sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones, y a
otros servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público, tanto
en zonas urbanas como rurales. Estas medidas, que incluirán la
identificación y eliminación de obstáculos y barreras de acceso, se
aplicarán, entre otras cosas, a:
a) Los edificios, las vías públicas, el transporte y otras instalaciones
exteriores e interiores como centros educativos, viviendas, instalaciones
médicas y lugares de trabajo.
b) Los servicios de información, comunicaciones y de otro tipo, incluidos
los servicios electrónicos y de emergencia.
Los Estados Parte también adoptarán las medidas pertinentes para:
a) Desarrollar, promulgar y supervisar la aplicación de normas mínimas y
directrices sobre la accesibilidad de las instalaciones y los servicios
abiertos al público o de uso público.
b) Asegurar que las entidades públicas y privadas que proporcionan
instalaciones y servicios abiertos al público o de uso público tengan en
cuenta todos los aspectos de su accesibilidad para la persona mayor.
c) Ofrecer formación a todas las personas involucradas en los problemas
de accesibilidad que enfrenta la persona mayor.
d) Promover otras formas adecuadas de asistencia y apoyo a la persona
mayor para asegurar su acceso a la información.
e) Promover el acceso de la persona mayor a los nuevos sistemas y
tecnologías de la información y las comunicaciones, incluida Internet y que
estas sean accesibles al menor costo posible.
f) Propiciar el acceso a tarifas preferenciales o gratuitas de los servicios de
transporte público o de uso público a la persona mayor.
g) Promover iniciativas en los servicios de transporte público o de uso
público para que haya asientos reservados para la persona mayor, los
cuales deberán ser identificados con la señalización correspondiente.
h) Dotar a los edificios y otras instalaciones abiertas al público de
señalización en formatos de fácil lectura, comprensión y adecuados para la
persona mayor.
Artículo 27. Derechos políticos
La persona mayor tiene derecho a la participación en la vida política y
pública en igualdad de condiciones con los demás y a no ser discriminados
por motivo de edad.
La persona mayor tiene derecho a votar libremente y ser elegido,
debiendo el Estado facilitar las condiciones y los medios para ejercer esos
derechos.
Los Estados Parte garantizarán a la persona mayor una participación plena
y efectiva en su derecho a voto y adoptarán las siguientes medidas
pertinentes para:
a) Garantizar que los procedimientos, instalaciones y materiales
electorales sean adecuados, accesibles y fáciles de entender y utilizar.
b) Proteger el derecho de la persona mayor a emitir su voto en secreto en
elecciones y referendos públicos, sin intimidación.
c) Garantizar la libre expresión de la voluntad de la persona mayor como
elector y a este fin, cuando sea necesario y con su consentimiento,
permitir que una persona de su elección le preste asistencia para votar.
d) Crear y fortalecer mecanismos de participación ciudadana con el objeto
de incorporar en los procesos de toma de decisión en todos los niveles de
Gobierno las opiniones, aportes y demandas de la persona mayor y de sus
agrupaciones y asociaciones.
Artículo 28. Derecho de reunión y de asociación
La persona mayor tiene derecho a reunirse pacíficamente y a formar
libremente sus propias agrupaciones o asociaciones, de conformidad con
el derecho internacional de los derechos humanos.
A tal fin los Estados Parte se comprometen a:
a) Facilitar la creación y el reconocimiento legal de dichas agrupaciones o
asociaciones, respetando su libertad de iniciativa y prestándoles apoyo
para su formación y desempeño de acuerdo con la capacidad de los
Estados Parte.
b) Fortalecer las asociaciones de personas mayores y el desarrollo de
liderazgos positivos que faciliten el logro de sus objetivos y la difusión de
los derechos enunciados en la presente Convención.
Artículo 29. Situaciones de riesgo y emergencias humanitarias
Los Estados Parte tomarán todas las medidas específicas que sean
necesarias para garantizar la integridad y los derechos de la persona
mayor en situaciones de riesgo, incluidas situaciones de conflicto armado,
emergencias humanitarias y desastres, de conformidad con las normas de
derecho internacional, en particular del derecho internacional de los
derechos humanos y del derecho internacional humanitario.
Los Estados Parte adoptarán medidas de atención específicas a las
necesidades de la persona mayor en la preparación, prevención,
reconstrucción y recuperación en situaciones de emergencias, desastres o
conflictos.
Los Estados Parte propiciarán que la persona mayor interesada participe
en los protocolos de protección civil en caso de desastres naturales.
Artículo 30. Igual reconocimiento como persona ante la ley
Los Estados Parte reafirman que la persona mayor tiene derecho al
reconocimiento de su personalidad jurídica.
Los Estados Parte reconocerán que la persona mayor tiene capacidad
jurídica en igualdad de condiciones con las demás en todos los aspectos de
la vida. Los Estados Parte adoptarán las medidas pertinentes para proporcionar
acceso a la persona mayor al apoyo que puedan necesitar en el ejercicio
de su capacidad jurídica.
Los Estados Parte asegurarán que en todas las medidas relativas al
ejercicio de la capacidad jurídica se proporcionen salvaguardias adecuadas
y efectivas para impedir los abusos de conformidad con el derecho
internacional en materia de derechos humanos. Esas salvaguardias
asegurarán que las medidas relativas al ejercicio de la capacidad jurídica
respeten los derechos, la voluntad y las preferencias de la persona mayor,
que no haya conflicto de intereses ni influencia indebida, que sean
proporcionales y adaptadas a las circunstancias de la persona mayor, que
se apliquen en el plazo más corto posible y que estén sujetas a exámenes
periódicos por parte de una autoridad o un órgano judicial competente,
independiente e imparcial. Las salvaguardias serán proporcionales al
grado en que dichas medidas afecten a los derechos e intereses de la
persona mayor.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el presente artículo, los Estados Parte
tomarán todas las medidas que sean pertinentes y efectivas para
garantizar el derecho de la persona mayor, en igualdad de condiciones con
las demás, a ser propietaria y heredar bienes, controlar sus propios
asuntos económicos y tener acceso en igualdad de condiciones a
préstamos bancarios, hipotecas y otras modalidades de crédito financiero,
y velarán por que la persona mayor no sea privada de sus bienes de
manera arbitraria.
Articulo 31. Acceso a la justicia
La persona mayor tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y
dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente,
independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la
sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para
la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral,
fiscal o de cualquier otro carácter.
Los Estados Parte se comprometen a asegurar que la persona mayor tenga
acceso efectivo a la justicia en igualdad de condiciones con las demás,
incluso mediante la adopción de ajustes de procedimiento en todos los
procesos judiciales y administrativos en cualquiera de sus etapas.
Los Estados Parte se comprometen a garantizar la debida diligencia y el
tratamiento preferencial a la persona mayor para la tramitación,
resolución y ejecución de las decisiones en procesos administrativos y
judiciales.
La actuación judicial deberá ser particularmente expedita en casos en que
se encuentre en riesgo la salud o la vida de la persona mayor.
Asimismo, los Estados Parte desarrollarán y fortalecerán políticas públicas
y programas dirigidos a promover:
a) Mecanismos alternativos de solución de controversias.
b) Capacitación del personal relacionado con la administración de justicia,
incluido el personal policial y penitenciario, sobre la protección de los
derechos de la persona mayor.
CAPÍTULO V
TOMA DE CONCIENCIA
Artículo 32. Los Estados Parte acuerdan:
a) Adoptar medidas para lograr la divulgación y capacitación progresiva de
toda la sociedad sobre la presente Convención.
b) Fomentar una actitud positiva hacia la vejez y un trato digno,
respetuoso y considerado hacia la persona mayor y, sobre la base de una
cultura de paz, impulsar acciones de divulgación, promoción de losderechos y empoderamiento de la persona mayor, así como evitar el
lenguaje e imágenes estereotipadas sobre la vejez.
c) Desarrollar programas para sensibilizar a la población sobre el proceso
de envejecimiento y sobre la persona mayor, fomentando la participación
de ésta y de sus organizaciones en el diseño y formulación de dichos
programas.
d) Promover la inclusión de contenidos que propicien la compresión y
aceptación de la etapa del envejecimiento en los planes y programas de
estudios de los diferentes niveles educativos, así como en las agendas
académicas y de investigación.
e) Promover el reconocimiento de la experiencia, la sabiduría, la
productividad y la contribución al desarrollo que la persona mayor brinda
a la sociedad en su conjunto.

CAPÍTULO VI
MECANISMO DE SEGUIMIENTO DE LA CONVENCIÓN Y MEDIOS DE
PROTECCIÓN
Artículo 33. Mecanismo de Seguimiento
Con el fin de dar seguimiento a los compromisos adquiridos y promover la
efectiva implementación de la presente Convención se establece un
mecanismo de seguimiento integrado por una Conferencia de Estados
Parte y un Comité de Expertos.
El Mecanismo de Seguimiento quedará constituido cuando se haya
recibido el décimo instrumento de ratificación o adhesión.
Las funciones de la secretaría del Mecanismo de Seguimiento serán
ejercidas por la Secretaría General de la Organización de los Estados
Americanos.
Artículo 34. Conferencia de Estados Parte
La Conferencia de Estados Parte es el órgano principal del Mecanismo de
Seguimiento, está integrada por los Estados Parte en la Convención y
tiene, entre otras, las siguientes funciones:
a) Dar seguimiento al avance de los Estados Parte en el cumplimiento de
los compromisos emanados de la presente Convención.
b) Elaborar su reglamento y aprobarlo por mayoría absoluta.
c) Dar seguimiento a las actividades desarrolladas por el Comité de
Expertos y formular recomendaciones con el objetivo de mejorar el
funcionamiento, las reglas y procedimientos de dicho Comité.
d) Recibir, analizar y evaluar las recomendaciones del Comité de Expertos
y formular las observaciones pertinentes.
e) Promover el intercambio de experiencias, buenas prácticas y la
cooperación técnica entre los Estados Parte con miras a garantizar la
efectiva implementación de la presente Convención.
f) Resolver cualquier asunto relacionado con el funcionamiento del
Mecanismo de Seguimiento.
El Secretario General de la Organización de los Estados Americanos
convocará la primera reunión de la Conferencia de Estados Parte dentro
de los noventa días de haberse constituido el Mecanismo de Seguimiento.
La primera reunión de la Conferencia será celebrada en la sede de la
Organización, a menos que un Estado Parte ofrezca la sede, para aprobar
su reglamento y metodología de trabajo, así como para elegir a sus
autoridades. Dicha reunión será presidida por un representante del Estado
que deposite el primer instrumento de ratificación o adhesión de la
presente Convención. Las reuniones ulteriores serán convocadas por el
Secretario General de la Organización de los Estados Americanos a solicitud
de cualquier Estado Parte, con la aprobación de dos tercios de los mismos.
En ellas podrán participar como observadores los demás Estados Miembros
de la Organización.
Articulo 35. Comité de Expertos
El Comité estará integrado por expertos designados por cada uno de los
Estados Parte en la Convención. El quórum para sesionar será establecido
en su reglamento.
El Comité de Expertos tiene las siguientes funciones:
a) Colaborar en el seguimiento al avance de los Estados Parte en la
implementación de la presente Convención, siendo responsable del
análisis técnico de los informes periódicos presentados por los Estados
Parte. A tales efectos, los Estados Parte se comprometen a presentar un
informe al Comité de Expertos con relación al cumplimiento de las
obligaciones contenidas en la presente Convención, dentro del año
siguiente de haberse realizado la primera reunión. De allí en adelante, los
Estados Parte presentarán informes cada cuatro años.
b) Presentar recomendaciones para el cumplimiento progresivo de la
Convención sobre la base de los informes presentados por los Estados
Parte de conformidad con el tema objeto de análisis.
c) Elaborar y aprobar su propio reglamento en el marco de las funciones
establecidas en el presente artículo.
El Secretario General de la Organización de los Estados Americanos
convocará la primera reunión del Comité de Expertos dentro de los
noventa días de haberse constituido el Mecanismo de Seguimiento. La
primera reunión del Comité de Expertos será celebrada en la sede de la
Organización, a menos que un Estado Parte ofrezca la sede, para aprobar su
reglamento y metodología de trabajo, así como para elegir a sus
autoridades. Dicha reunión será presidida por un representante del Estado
que deposite el primer instrumento de ratificación o adhesión de la
presente Convención.
El Comité de Expertos tendrá su sede en la Organización de los Estados
Americanos.
Artículo 36. Sistema de peticiones individuales
Cualquier persona o grupo de personas, o entidad no gubernamental
legalmente reconocida en uno o más Estados Miembros de la
Organización de los Estados Americanos, puede presentar a la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos peticiones que contengan
denuncias o quejas de violación de alguno de los artículos de la presente
Convención por un Estado Parte.
Para el desarrollo de lo previsto en el presente artículo se tendrá en
cuenta la naturaleza progresiva de la vigencia de los derechos económicos,
sociales y culturales objeto de protección por la presente Convención.
Asimismo, todo Estado Parte puede, en el momento del depósito de su
instrumento de ratificación o de adhesión a la presente Convención, o en
cualquier momento posterior, declarar que reconoce la competencia de la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos para recibir y examinar
las comunicaciones en que un Estado Parte alegue que otro Estado Parte
ha incurrido en violaciones de los derechos humanos establecidos en la
presente Convención. En dicho caso, se aplicarán todas las normas de
procedimiento pertinentes contenidas en la Convención Americana sobre
Derechos Humanos.
Los Estados Parte podrán formular consultas a la Comisión en cuestiones
relacionadas con la efectiva aplicación de la presente Convención.
Asimismo, podrán solicitar a la Comisión asesoramiento y cooperación
técnica para asegurar la aplicación efectiva de cualquiera de las disposiciones
de la presente Convención. La Comisión, dentro de sus
posibilidades, les brindará asesoramiento y asistencia cuando le sean
solicitados.
Todo Estado Parte puede, en el momento del depósito de su instrumento
de ratificación o de adhesión a la presente Convención, o en cualquier
momento posterior, declarar que reconoce como obligatoria y de pleno
derecho y sin acuerdo especial la competencia de la Corte Interamericana
de Derechos Humanos sobre todos los casos relativos a la interpretación o
aplicación de la presente Convención. En dicho caso, se aplicarán todas las
normas de procedimiento pertinentes contenidas en la Convención
Americana sobre Derechos Humanos.

CAPÍTULO VII.
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 37. Firma, ratificación, adhesión y entrada en vigor. La presente
Convención está abierta a la firma, ratificación y adhesión por parte de
todos los Estados Miembros de la Organización de los Estados
Americanos. Después de que entre en vigor, todos los Estados Miembros
de la Organización que no la hayan firmado estarán en posibilidad de
adherirse a la Convención.
Esta Convención está sujeta a ratificación por parte de los Estados
signatarios de acuerdo con sus respectivos procedimientos
constitucionales. Los instrumentos de ratificación o adhesión se
depositarán en la Secretaría General de la Organización de los Estados
Americanos.
La presente Convención entrará en vigor el trigésimo día a partir de la
fecha en que se haya depositado el segundo instrumento de ratificación o
adhesión en la Secretaría General de la Organización de los Estados
Americanos.
Para cada Estado que ratifique o se adhiera a la presente Convención
después de que haya sido depositado el segundo instrumento deratificación o adhesión, la Convención entrará en vigor el trigésimo día a
partir de la fecha en que tal Estado haya depositado el instrumento
correspondiente.
Artículo 38. Reservas. Los Estados Parte podrán formular reservas a la
Convención en el momento de su firma, ratificación o adhesión, siempre
que no sean incompatibles con el objeto y fin de la Convención y versen
sobre una o más de sus disposiciones específicas.
Artículo 39. Denuncia. La Convención permanecerá en vigor
indefinidamente, pero cualquiera de los Estados Parte podrá denunciarla
mediante notificación escrita dirigida al Secretario General de la
Organización de los Estados Americanos. Transcurrido un año contado a
partir de la fecha de depósito del instrumento de denuncia, la Convención
cesará en sus efectos para dicho Estado, permaneciendo en vigor para los
demás Estados Parte. La denuncia no eximirá al Estado Parte de las
obligaciones impuestas por la presente Convención con respecto a toda
acción u omisión ocurrida antes de la fecha en que la denuncia haya
entrado en vigor.
Artículo 40. Depósito. El instrumento original de la Convención, cuyos
textos en español, francés, inglés y portugués son igualmente auténticos,
será depositado en la Secretaría General de la Organización de los Estados
Americanos, la que enviará copia certificada de su texto para su registro y
publicación a la Secretaría de las Naciones Unidas, de conformidad con el
artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas.
Artículo 41. Enmiendas. Cualquier Estado Parte puede someter a la
Conferencia de Estados Parte propuestas de enmiendas a esta
Convención.
Las enmiendas entrarán en vigor para los Estados ratificantes de las
mismas en la fecha en que dos tercios de los Estados Parte hayan
depositado el respectivo instrumento de ratificación. En cuanto al resto de
los Estados Parte, entrarán en vigor en la fecha en que depositen sus
respectivos instrumentos de ratificación.